El Gobierno Nacional comenzará a controlar los planes sociales.
Esperan que el control pueda completarse en un lapso de seis
meses y podría generar ruido con los movimiento sociales y los beneficiarios de
los planes sociales.
En total son 34 preguntas y el control será realizad por universidades
nacionales.
La Universidad de Buenos Aires tendrá especial protagonismo
en la auditoría en el Conurbano bonaerense.
La medida se implementó mediante la resolución 835/2022 que
modificó los lineamientos generales y operativos del Potenciar Trabajo.
En el control que se realizará se verificará, por una parte,
el cumplimiento de los programas de trabajo de cerca de 500 unidades de gestión
y, por otra parte, la contraprestación laboral que hacen los beneficiarios de
los planes.
“Si las unidades de gestión no funcionan o el beneficiario
no puede demostrar que trabaja, se requerirá que estudie. Y si tampoco lo hace,
se le quitará el plan”, advierten cerca de Zabaleta, que convive en su cartera
con los movimientos.
La fiscalización del programa se suma a las 7 mil denuncias
internas que registró el Ministerio de parte de beneficiarios que se quejan del
pedido de aportes de algunas organizaciones y de que los obligan a participar
de las marchas.
Un profesional -estudiantes y docentes- de las universidades
nacionales llevarán en operativos masivos centralizados -fuera de los barrios-
el formulario de certificación de actividades de titulares del Potenciar
Trabajo que consta de cuatro capítulos en formato de multiple choice.
La planilla recogerá información social y demográfica de
cada beneficiario para conocer en detalle qué otros programas de seguridad
social recibe su grupo familiar (AUH, asignación por embarazo, discapacidad,
pensiones no contributivas, Progresar, prestaciones alimentarias y planes
provinciales o entrega de alimentos).
El segundo eje es el referido a la actividad del programa y
el trabajo de los beneficiarios. “¿Conoce a qué unidades de gestión y/u
organización pertenece?”, es la pregunta que abre la sección en la que se piden
detalles sobre la tarea, ubicación y sobre el nivel de escolarización de los
beneficiarios de los planes y se pregunta por el “grado de interés por
finalizar los estudios”.
El tercer apartado inquiere sobre la capacitación y tareas
de formación y el último interroga sobre actividades laborales -changas- que
los beneficiarios reciban por fuera del programa para saber si los ingresos son
mayores a los que reciben por el programa y cuántas horas por semana le dedica.
“Si le ofrecieran un trabajo registrado, es decir un trabajo en el que le hacen
aportes jubilatorios, obra social, etc. ¿en qué medida estaría dispuesta a
aceptarlo?” es la penúltima pregunta destinada únicamente a mujeres.
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